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INMOBILIARIA, GRUPO NEXUS, INFORMA.

El Gobierno de coalición afrontará en los próximos días otra votación ajustada en el Congreso de los Diputados, esta vez con una de sus iniciativas "estrella", el proyecto de Ley por el Derecho a la vivienda, aprobado el pasado 1 de febrero. Una normativa muy criticada por el sector Inmobiliario y que incluye medidas como la regulación del precio del alquiler en áreas tensionadas.

A esa cita, que la Junta de Portavoces del Congreso ha fijado para el jueves 10 de marzo, el Gobierno parte con el rechazo de, al menos, 167 votos, a nueve de la mayoría absoluta, de formaciones que tratarán de impedir la tramitación del proyecto.

Y es que el PP (88 votos), Ciudadanos (9), el PNV (6), el PDeCAT (49)Y jUNTS (4) han registrado enmiendas a la totalidad para defender la devolución de la iniciativa, y es previsible que a ellos se les sumen Vox (52), foro Asturias (1), los dos exdiputados de UPN, y el exdiputado de Cs Pablo Cabronero.

Esquerra Republicana, por su parte, ha registrado una enmienda a la totalidad, aunque en su caso la propuesta es sustituir la ley planteada por el Ejecutivo por un texto que incida más en medidas como la regulación de precios del alquiler, la normativa antidesahucios y unos recargos en el Ibi para vivienda vacía.

En concreto, la propuesta de ERC elimina cualquier regulación de urbanismo por posible conflicto competencial, garantiza la suspensión de un desahucio si no existe propuesta previa de alquiler social y equipara la regulación de precios del alquiler a la existente en Cataluña, respetando la competencia autonómica.

El próximo jueves habrá dos votaciones, una sobre el texto alternativo de ERC, que no saldrá adelante por falta de apoyos, y otra sobre las demás enmiendas, y si ahí los 13 votos de Esquerra se suman a quienes piden devolver el proyecto al Gobierno, la ley de PSOE y Unidas Podemos habrá caído abatida en el Pleno.

Son muchas las críticas que están realizando las diferentes formaciones políticas a la normativa, pese a que el Ejecutivo insiste en que es rigurosa y ni ataca la propiedad privada ni entra en conflicto con las competencias de vivienda, que están en manos de las autonomías.

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